El agua, en la mayor parte de nuestro territorio, es un bien abundante. En los últimos años, sin embargo, su distribución, su costo y su sistema administrativo se fueron convirtiendo, especialmente para los habitantes del AMBA, en un nuevo problema. ¿Qué pasó? ¿Por qué, tras la centenaria experiencia de haber construido y administrado uno de los sistemas hídricos más grandes de Sur América, abrimos una nueva zona de conflictos?

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Obras Sanitarias de la Nación fue creada en 1912. En su primera etapa, hasta su provincialización en 1980, proveyó el agua potable y los desagües cloacales a todas las ciudades del país con más de 8.000 habitantes. En 1923 llegó a atender a más de 6 millones de personas. En las últimas dos décadas del siglo XX, su servicio se limitó a la Ciudad de Buenos Aires y al Área metropolitana: casi 4 millones de hogares, unos 14 millones de personas.

En 1993, durante el auge de las privatizaciones menemistas, devino en Aguas

Argentinas S.A. Pero en 2006, debido al incumplimiento contractual, a la falta del mantenimiento adecuado y al aumento desmedido de las tarifas, fue re-estatizada con el nombre de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

Durante casi cien años, el servicio de agua y de desagüe no fue un problema ni representó una particular dificultad para los usuarios, salvo en alguna zonas del AMBA que carecían (y aún carecen) de presión suficiente. No obstante, las cuestiones administrativas vinculadas al consumo y su facturación no produjeron conflictos especiales. Desde hace poco más de dos años, en cambio, “la cuestión del agua” se convirtió en un verdadero drama -¡otro más!- para muchísimos hogares.

Medidores

El gran problema doméstico se inició con los medidores. No son nuevos, comenzaron a instalarse en 2017, aunque recién por estos días están funcionando en el 99 % de los inmuebles del área metropolitana.

Medir el agua que precisamos para la vida, es como medir el aire que precisan nuestros pulmones. Claro que puede haber consumos especiales. Y está muy bien que esos posibles usos diferenciales sean controlados. Parece lógico que quienes utilicen el agua de manera comercial –fábricas, lavaderos, mineras o lo que sea- aporten tarifas acordes a su beneficio. Pero ¿es razonable que en un hogar se pague por cada centímetro cúbico de agua que se utiliza para beber, para cocinar o para higienizarse? ¿Qué lógica tiene la disyuntiva, cada vez más habitual, entre pagar la factura de AySA o juntar para el alquiler? ¿No existirá, acaso, otro mecanismo “más humano” para el sostenimiento de la red?

El negocio del agua

Sin agua no hay vida. Eso ya lo sabemos. Por eso es que el agua, que la naturaleza provee convenientemente, no puede tener dueño. El  agua es un bien común en todos los sentidos posibles. Por eso también, organizar la potabilización y la distribución del agua en los poblados y ciudades es una tarea colectiva: se delega en cooperativas, en organizaciones comunales, en municipios o en cualquiera de las formas que asuma el Estado, ya sea nacional, provincial o local. Así se ha hecho desde siempre y así se sigue haciendo en el mundo salvo en poquísimos lugares. Sólo en Gran Bretaña (Inglaterra y Gales) y en Chile, el sistema del agua es un negocio privado. La privatización británica fue impulsada, en 1989, por Margaret Tatcher y en Chile, por la constitución del Dictador Pinochet a partir de 1980.

Llevar el agua potable hasta los hogares e instrumentar el flujo de los deshechos cloacales, no puede ni debe ser una actividad lucrativa: beber y desbeber son derechos humanos fundamentales, no son un mero consumo. Sostener económicamente la distribución del agua, sin violar esos derechos, es una tarea propia de los Estados.

Camino a la privatización

Hace pocos días, el ejecutivo nacional aprobó el contrato de concesión para la venta de AySA. Se privatizará, como mínimo, el 51% del paquete accionario. Recordemos que la ley 27.742, conocida como “Ley Bases”, sancionada en junio de 2024, declaró a esta empresa estatal como “sujeta a privatización”. Pero antes de la ley, se fueron dando pasos decisivos en esa dirección: instalación y reparación de medidores en todos los domicilios de la Ciudad y del Conurbano, aumento progresivo de tarifas, reclamos sistemáticos a cualquier tipo de deudores y, para octubre del mismo año, no quedaba ninguna oficina comercial en el AMBA, sólo se mantuvo la del centro porteño en el histórico edificio de Obras Sanitarias en Riobamba y Viamonte. Todas acciones claramente destinadas a favorecer la privatización: aumento de ingresos y disminución de gastos. Lo que no estaría tan mal si el costo de esa estrategia no recayera siempre sobre los mismos: los simples usuarios.

Así es como “la cuestión del agua” devino en un nuevo problema. Cientos de personas acuden por día a la única oficina y hacen colas de horas para ser atendidas. Los reclamos por facturaciones desfasadas del consumo, y los pedidos de “formas de pago” por deudas millonarias se cuentan de a miles. También existen “efectos colaterales”. Uno de ellos es el aumento sistemático de disputas vecinales en edificios de propiedad horizontal (PH) que cuentan con un solo medidor. Los conflictos van desde cómo se reparten los montos a pagar hasta el eventual impago de alguno de los copropietarios: si uno no paga, todos se atrasan. La obvia solución de instalar un medidor para cada unidad funcional, resulta inaccesible para muchísimas personas y familias: AySA, por su parte, se desentiende completamente de ese problema. Sólo exige el pago de la factura.

Mokerot en Argentina

En medio de todo esto aparece Mokerot, empresa israelí. Que no sólo se la menciona como potencial compradora de AySA sino como interviniendo en todos los acuíferos del país. Veamos.

Mokerot es una empresa estatal, pertenece al gobierno de Israel. No es una empresa privada. Su actividad consiste en la gestión hídrica: potabilización, desanilización (eliminación de la sal del agua marina) y distribución. Su desarrollo de tecnologías en territorios áridos y de enorme escasez hídrica le otorga gran prestigio internacional. De allí que ofrezca servicios de consultoría en muchos países del mundo. También en Argentina.

En 2022, durante la gestión del Presidente Alberto Fernández, tras una visita a Israel encabezada por Eduardo de Pedro, doce gobiernos provinciales establecieron convenios de capacitación y asesoramiento. Hace poco más de un año, la empresa israelí se convirtió, también, en asesora de AySa.

Mokerot es sujeto de crítica por el llamado “apartheid del agua” que consiste en la negación sistemática del acceso al agua de los palestinos en Gaza.

Para muchos argentinos y argentinas, la valoración ideológica de Mokerot no es la mejor. En estos tiempos, corre la misma suerte que la del gobierno israelí, y su presencia en Argentina puede generar dudas respecto a sus verdaderas intenciones. No obstante, no existe indicio suficiente –al menos por el momento- de que esta empresa pueda convertirse en dueña de todo o parte del sistema hídrico en Argentina.

Diego Berger, coordinador de proyectos especiales e internacionales de Mekorot, aseguró que “es imposible” que compren Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) porque sus estatutos se lo impiden. Mokerot “es la compañía nacional de agua de Israel y por eso, por los estatutos que tenemos, no podemos comprar nada en el exterior. Es imposible”.

                                                Redacción Línea Oeste