“Somos agua que piensa”, dicen biólogos y naturalistas. Es que los cuerpos humanos están formados por entre el 60% y el 70% de agua. Sin agua, todo el género animal, incluido el humano, se convierte en un montoncito de huesos. No hay forma de vivir, en cualquier modelo de organización urbana, que carezca de un sistema de Agua y de Saneamiento: agua potable que llegue a los hogares y conductos para aguas servidas.

En los últimos años del siglo XIX, la Ciudad de Buenos Aires comenzó a construir su primer sistema de saneamiento. En 1880 se inauguró Obras Sanitarias de la Nación, empresa del Estado, que desarrolló la primera red de distribución de agua y el primer sistema cloacal. Durante un siglo el servicio se fue extendiendo a toda la ciudad y a buena parte del conurbano. Con su privatización, en 1993, concedida a Aguas Argentinas S.A., no sólo se detuvo el crecimiento sino la calidad del servicio. Se limitó el mantenimiento general y, sobre todo, el tratamiento de los desperdicios cloacales que se volcaban al Río de la Plata.

En 2006, como respuesta necesaria al incumplimiento de la empresa, se reestatizó con el nombre de AySA. El 90% pasó al Estado nacional y el 10% a los trabajadores.

Se produjo, en ese momento un cambio fundamental, un cambio de paradigma. Tal como señala el Observatorio al Derecho a la Ciudad en su trabajo “La privatización de AySA”, la reestatización “significó un cambio claro de ver el agua como una "mercancía" a considerarla un "derecho humano". En la actualidad, más de 11 millones de personas (el 75% del AMBA) reciben este servicio.

Pero la historia comienza a repetirse. Hace muy pocos días, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 493/2025) por el que se convoca a la privatización de AySA y se modifica su marco regulatorio. Las más significativas modificaciones, todas tendientes a favorecer a los futuros propietarios de la empresa, son estas dos: se podrá suspender el servicio de agua por falta de pago y podrán aumentar las tarifas trimestralmente en función de la inflación y de las obras necesarias. Una vez más, por tanto, el agua se convertirá en un artículo de compra-venta. Se ajustará a la lógica de cualquier negocio.

El debate que hoy deberíamos darnos, señala aquel informe, “es el de la gratuidad y la universalidad del servicio, no la rentabilidad del mismo”. “La provisión de agua potable no puede, bajo ningún aspecto, ser tratada como una mercancía. Es un derecho humano esencial, reconocido por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos tratados internacionales, en fallos de la Corte Suprema y nuestra Carta Magna. Como tal, debe garantizarse bajo principios de acceso universal, equidad, asequibilidad, continuidad y calidad, en el marco de una gestión pública, transparente y participativa”.

Durante el 2024 las tarifas aumentaron hasta un 1.500%, lo que ya garantiza una interesante rentabilidad a posibles compradores que, por tratarse de un producto indispensable, seguirá creciendo con la voracidad que ellos mismos establezcan.

Son muchas las voces que se han alzado para exigir la derogación del DNU y las normas que autorizan la privatización de AySA. Científicos, investigadores, ambientalistas y simples habitantes del AMBA junto a un amplio abanico de instituciones rechazan por completo la mercantilización del agua. Quienes quieran sumarse a ese rechazo de manera personal o institucional pueden hacerlo mediante el siguiente formulario https://forms.gle/9oRcnikDYSGLYPF97

Aquí, el informe completo del Observatorio: https://acortar.link/aDLvDR

Redacción Línea Oeste