El 9 de octubre el Ministerio de Justicia de la Nación cerró el Centro de Acceso a la Justicia de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 220 del barrio de Liniers. Con 27 años de trayectoria en el Servicio Social del Santuario, este organismo  brindaba asesoramiento legal, mediación de conflictos y apoyo psicosocial, garantizando que toda la comunidad pueda acceder a sus derechos. Así lo denunció el Comunero 9 , Alberto “Beto” Espiño de Unión por la Patria en sus redes sociales , al respecto dijo: “El Gobierno nacional nuevamente muestra su faceta más cruel y despiadada, quitándole un nuevo derecho a los sectores más vulnerables del barrio de Liniers y zonas aledañas que no tienen otra manera de acceder a este servicio esencial”. 
El 10 de junio pasado el gobierno del ultralibertario Javier Milei a través del Ministerio de Justicia de la Nación anunció que cerrarían  81 Centros de Acceso a la Justicia con el argumento de que "brindan de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias". 
Según el sindicato de los Trabajadores del Estado , ATE, la medida implicacá 400 despidos.
Los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), son espacios multidisciplinarios de atención legal primaria gratuita que asisten a poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. 
En su momento  los  Delegados  de ATE de la Secretaría de Justicia, expresaron a los medios : "Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy y que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad. En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más".
Los CAJ son 105 en todo el país, ubicados en todas las provincias, en barrios vulnerables, de alta densidad poblacional. "Están compuestos por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo en dónde se realizan abordajes Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales, garantizando una escucha transversal e interdisciplinaria, en donde siempre hay uno o más derechos insatisfechos". 
Los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de medio millón de consultas entre 2020 y 2023 y algunos de los temas que trataban eran violencia de género, violencia doméstica, desalojos, despidos, etc. 

Redacción Línea Oeste