La cita es frente al Congreso de la Nación en horario a definir y convocan partidos de Izquierda, agrupaciones ambientalistas, organizaciones políticas y sociales, asambleas, agrupaciones de inquilinos, entre muchos otros.

El proyecto fue diseñado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Javier Milei,  le pusieron por nombre “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, título ampuloso que, entre otras cosas, intenta provocar la falsa imagen de que la propiedad privada se encuentra bajo amenaza. En los fundamentos del proyecto se enfatiza que su principal objetivo consiste en “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.

Sus puntos más salientes refieren al uso de la tierra y a las viviendas de alquiler. Dos cuestiones que parecen diferentes pero que se vinculan muy íntimamente. Se pueden puntualizar así:

Tierras para extranjeros: en la actualidad, los inversores extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras argentinas. Además, ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido y un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial. El nuevo proyecto de ley elimina todas estas restricciones. Cualquier inversor extranjero puede adquirir la cantidad de tierra que se le antoje, poniendo en riesgo la soberanía nacional,  la pérdida de reservas de biodiversidad y recursos hídricos estratégicos.

Expropiaciones: se limita al Estado la facultad de expropiar, una histórica prerrogativa para realizar obras de utilidad pública. Además, se disponen aumentos altísimos en las indemnizaciones. Recordemos que siempre las expropiaciones debieron ser avaladas por ley y tener por objeto el bien común: construcción de rutas, hospitales, viviendas sociales, etc.

Barrios populares: se desarma la ley 27.453 que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana de los barrios populares.

Tierras incendiadas: se elimina la prohibición de utilizar tierras incendiadas. La ley actual dispone una prohibición de 60 años en el uso de esas tierras para evitar la práctica maliciosa de provocar incendios, incluso en bosques nativos, para su posterior utilización inmobiliaria.

Inquilinos: el proyecto modifica artículos del Código Civil y permite desalojos inmediatos con sólo diez días de deuda. Además, elimina la posibilidad de que se salde la deuda para evitar ese desalojo. También elimina las garantías que inquilinos e inquilinas podrían usar para defenderse en un juicio de desalojo.

El proyecto fue ingresado en la Cámara de Senadores en marzo de este año y por ahora tiene  el aval de sectores oficialistas y de quienes  le dan gobernabilidad al mileismo denominados dialoguistas, ellos son : Patricia Bullrich (Jefa del bloque oficialista - La Libertad Avanza / Pro), Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza / bloques aliados), Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza), Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza), Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza), Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza), Vilma Bedia (La Libertad Avanza), Luis Juez (Frente PRO),Martín Goerling (Frente PRO - Misiones), Carmen Álvarez Rivero (Frente PRO), Victoria Huala (Frente PRO), Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social / Monobloque Independencia - Aliada al oficialismo tucumano) , Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical), Carolina Losada (Unión Cívica Radical) , Mariana Juri (Unión Cívica Radical), Rodolfo Suárez (Unión Cívica Radical), Daniel Kroneberger (Unión Cívica Radical), Flavio Fama (Unión Cívica Radical), Silvana Schneider (Unión Cívica Radical), Gabriela Valenzuela (Unión Cívica Radical) ,Carlos Arce (Encuentro Misionero / Frente Renovador de la Concordia), Sonia Rojas Decut (Encuentro Misionero / Frente Renovador de la Concordia)

Andrea Cristina (Cambio Federal - Chubut, alineada al gobernador Ignacio Torres) .

 Ya se trató en comisiones, pero aún no se discutió en el recinto. No pudo hacerse en la fecha prevista del 25 de junio, ni del 16 de julio  por falta de quorum y se ha programado para el 6 de agosto.

Ya en ediciones anteriores habíamos publilcado sobre la diversa oposición que genera este proyecto que atenta contra la soberanía nacional,  desde la Iglesia, agrupaciones ambientalistas, organizaciones políticas y sociales, asambleas, agrupaciones de inquilinos, entre muchos otros.   Así el  Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y a Cáritas, publicó una “carta abierta a nuestros legisladores” por la llamada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La titularon: La tierra: madre, hermana y bien común.

En la carta, publicada el 16 de junio, los religiosos expresan una gran preocupación: “Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”, dice en uno de sus párrafos.

La carta

Con una cita del Papa León XIV, lo primero que se resalta en el comunicado de la Pastoral Social es que la propiedad privada no ha tenido nunca para la Iglesia un valor absoluto. No se niega su valor, pero siempre subordinado al bien común: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre  todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”. No es conforme, por tanto, al designio de Dios, el uso de la tierra para favorecer a unos pocos.

Al quedar sin efecto las limitaciones para la compras de tierras por parte de empresas o empresarios extranjeros, poniendo en juego las reservas de agua y de todos los bienes de la tierra, son numerosas las comunidades rurales y aborígenes que podrían perder sus reservas de desarrollo y subsistencia.

“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”, afirma en el documento citando al Papa Francisco. La tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija. Además, para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro.

El otro tema que aborda el documento es el  vinculado con la vivienda. En el reconocimiento de que millones de personas y de hogares necesitan alquilar, insisten en la importancia de “favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos”.

Juan Ignacio Liébana, Obispo de Chascomús y vocero de la Pastoral Social invitado por el Senado de la Nación para opinar sobre el proyecto de ley, afirmó de manera contundente: “no es una ley que inocentemente preserva la propiedad privada, sino que entrega la propiedad del territorio argentino en manos de empresas extrajeras”.

Además distintas organizaciones opositoras juntan firmas para oponerse al proyecto, quienes deseen firmar pueden ingresar a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp-aruxjIqVQ9lV7t9bPF6ZmJqPs3BeCoLLJtL0ydLMoXXWg/viewform

                                                   Redacción Línea Oeste