Distintas Organizaciones políticas, sociales, integrantes de comisiones de educación de varias comunas, colectivos educativos y cooperadoras escolares, y Comisiones de Educación de varios Consejos Consultivos Comunales de la Ciudad, elaboraron un proyecto de ley para garantizar una alimentación adecuada, vinculada directamente a la salud integral que asegure “el más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual” como determina el Articulo 20 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Según se desprende del cuerpo del proyecto, los objetivos de la ley son: “1) Garantizar una alimentación nutritiva en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera sea su modalidad y nivel. 2) Promover el carácter universal del derecho a una alimentación integral, saludable y sostenible con conocimiento de la calidad y procedencia de sus componentes. 3) Establecer a la “comida y al acto de comer” como objeto de reflexión pedagógica para la Institución educativa, promoviendo que los y las alumnas lleguen a conocer el valor de la alimentación en términos nutricionales, culturales y del intercambio social que implica. 4) Garantizar un sistema de diseño y control eficiente y transparente, con participación protagónica de las comunidades educativas”.

El proyecto está pensado para las instituciones de educación públicas de gestión estatal de la Ciudad, como también para aquellas escuelas de gestión privada con cuota cero, siendo la autoridad de aplicación el ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismo que en el futuro lo reemplace.    

La ley pretende: “1) Garantizar soberanía alimentaria, promoviendo el derecho a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente apropiada para todos los individuos. 2) Respetar los derechos de los habitantes que cultivan, crían, cosechan y procesan los alimentos. 3) Propicia el encuentro entre consumidores y productores para la toma de decisiones en relación con la alimentación. 4) Honrar el derecho a alimentación de las infancias, reconociendo su universalidad y gratuidad de la misma en las escuelas”.

Para ello, según se extrae del proyecto, “Se crearán Comisiones de Comedor en cada escuela de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de garantizar el cumplimiento de la presente ley. Las mismas estarán integradas por: Una (1) Autoridad Educativa que se ocupa del Comedor, tres (3) miembrxs familias - sean miembrxs o no de las asociaciones cooperadoras- que manifiesten su voluntad de participar, dos (2) miembrxs elegidos por la autoridad de la escuela y dos (2) estudiantes. En todos los casos, cada escuela se dará su organización garantizando la transparencia en la elección y su rotación anual”.

La Comisión de Comedor tendrá la función de fiscalizar la totalidad de los aspectos que hacen a la prestación del servicio en el establecimiento educativo en donde se cumplan funciones, debiendo el adjudicatario y su personal permanente o contratado prestar la más amplia colaboración para ello. También se conformará un libro de actas en el cual se volcarán los detalles del servicio o irregularidades que sucedan, fallas o incumplimiento de las pautas de los contratos.

Además, ante un incumplimiento o irregularidad por parte de la empresa concesionaria, la Comisión de Comedor dictaminará y elevará de forma vinculante, un dictamen al Poder Ejecutivo porteño. No obstante, la empresa puede notificar alguna causa a la comisión, para la evaluación.

La ley, también prevé la creación de una Comisión Consultora en el ámbito del Ministerio de Educación, que participará en la elaboración de los pliegos de licitación, elaborar Pautas de Alimentación Saludables específicas y de manera trimestral, para instituciones educativas teniendo en cuenta estándares difundidos por la Organización Mundial de la Salud.

Aparte, propone la creación del programa de Educación Alimentaria Integral y Saludable para todos los niveles y modalidades educativas, bajo los principios de la soberanía alimentaria. En este sentido, la ley propone un abordaje transversal de la alimentación como practica social situada y como un derecho humano fundamental. La misma, apunta a la concientización de la alimentación saludable y la actividad física regular, como también la prevención de enfermedades o padecimientos subjetivos referidos a la alimentación.

También, la ley determina que: las escuelas tendrán la potestad de contratar de manera directa al concesionario, mediante licitación pública, asegurando, de esta manera transparencia en las contrataciones y acceso a la calidad de alimentos en los comedores escolares porteños.

Redacción Línea Oeste