Un numeroso conjunto de organizaciones de distinta índole, se citaron frente al palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, para mostrar su apoyo al pedido de juicio político a cuatro miembros del Supremo Tribunal, luego del escándalo surgido a raíz de la publicación de las escuchas entre funcionarios judiciales, políticos y empresarios de medios de comunicación, que planificaban unas “vacaciones “, en la propiedad del magnate Joe Lewis en Lago Escondido (Rio Negro).

Bajo el lema “hay que democratizar la justicia” miles de personas agrupadas en distintas organizaciones, se convocaron en Talcahuano 550 y en distintas sedes del poder judicial en otros distritos del país, para exigir una reforma judicial y que, según mostraban los carteles y canticos, se acabe el “lawfare” que pretende proscribir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

Entre las organizaciones que convocaban se encontraban presentes: la CTA, la CTA Autónoma, el Frente Sindical, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), la CGT, la CCC y la APDH. Además de las Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora que se hicieron presentes de la mano de Taty Almeida y Nora Cortiñas.

Se hicieron presentes también, en representación al Gobernador de la Provincia de Bs. As., Axel Kicillof, la Ministra de Gobierno de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez y también Walter Correa, Ministro de trabajo, que se aproximaron a las puertas del edificio donde transcurría la manifestación, para mostrar su adhesión.

En esta oportunidad la Ministra de Gobierno Bonaerense declaro a la prensa presente: “Estamos frente a una Corte que no sólo se apropió del Consejo de la Magistratura vulnerando una ley y sin respetar la división de poderes, sino que también, en tiempo record, sacó un fallo a favor de la ciudad más rica del país en detrimento de las provincias. Tenemos un tribunal que quiere gobernar como si fuera el Poder Ejecutivo y decidir como el Legislativo. No podemos permitir ese avance. Lo que empezó estos días en el Congreso es la posibilidad de que los poderes en la Argentina funcionen con independencia”.    

En el mismo sentido, el diputado nacional y líder sindical de canillitas, Omar Plaini, sostuvo: “Tenemos que tener claro que sin una justicia independiente no podremos reafirmar el estado de democracia que tanto nos costó conseguir”.  Además, se refirió a la decisión del Tribunal que refiere a la actual vicepresidenta de la nación, y agregó que: “Con la decisión que tomó ese tribunal, la justicia proscribió nuevamente al peronismo. Y nosotros como frente no podemos aceptar eso de ninguna manera. Por eso estas movilizaciones se van a reafirmar de carácter permanente”.

En tanto el dirigente del Partido piquetero, Juan Marino, dijo a la prensa que la movilización fue la “contestación al comunicado de los más de 500 empresarios que salieron a criticar el juicio político a la Corte sólo para defender sus negocios”. También agregó que estas movilizaciones cuidan a la democracia del “avance de los poderes mafiosos”.

La consigna de “democratizar la Justicia”, que abraza a la reciente movilización, se encuentra íntimamente vinculada a la vida cotidiana de la gente. Esta conceptualización cruzaba transversalmente la marcha. Las explicaciones y fundamentos que vuelven concreto un reclamo testimonial, como una manifestación, se explican en los hechos.

De esta forma algunos ejemplos atravesaban las filas de la marcha explicando por ejemplo que: “Probablemente pagarías menos si la justicia no hubiese frenado el decreto que en 2020, fijó que las telecomunicaciones son un “servicio esencial” con precios regulados”, o bien: “Porque la justicia habilitó los aumentos, luego de que el año pasado las prepagas impulsaran una cautelar para subir sus precios (desde 2021 registran aumentos de 216% vs inflación 195,1%)”.    

Otros ejemplos también, son los poderosos empresarios de distintos rubros, que recurren a la Justicia para frenar cualquier tipo de regulación estatal que ponga en juego los beneficios económicos que los sustentan. Ese fue el caso de las empresas de peajes que recurrieron a la Justicia para oponerse al pedido de reestatización de las autopistas, a causa de los aranceles abusivos de las concesionarias privadas.

Más muestras: Empresas comercializadoras de alimentos que, a pesar de los acuerdos multisectoriales y con sobreprecios acordados por los molineros, multados por el gobierno, También fueron a la Justicia. O el fallo de la Justicia en contra de la Ley de alquileres que beneficiaba a los inquilinos de la Ciudad Autónoma de Bs. As.

Los ejemplos abundan y son abrumadoras las ocasiones en que el poder judicial, a través de sus funcionarios, sistemáticamente falla a favor de los sectores más concentrados de la economía, o frena avances que apuntan a una distribución más justa de la riqueza. 

Un claro ejemplo de lo dicho anteriormente, fue el caso resonante del rechazo judicial al pedido de la Inspección General de Justicia, para declarar la nulidad de la sociedad Hidden Lake S.A., de Joseph Lewis, ya que se denunciaba el incumplimiento de la empresa de las sentencias firmes para el acceso al Lago Escondido y el funcionamiento irregular de esa sociedad.

En la misma sintonía, la Cámara Comercial impidió que la Inspección General de Justicia, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos investiguen el origen y destino de fondos de José Aranda, uno de los accionistas de Clarín, a pesar de que podría tratarse de un caso de fuga, lavado de dinero o de evasión.

En conclusión, el poder judicial (como el Ejecutivo y el Legislativo, que encuadran al país en la forma republicana de gobierno), regula, modifica y condiciona la vida cotidiana de la población. Su tarea no se circunscribe a hacer cumplir con las obligaciones y derechos de los ciudadanos, se involucra directamente en la economía hogareña, opera en decisiones que regulan precios o condiciones de salud y vida de la población.           

Redacción Línea Oeste