¡El agua de Mendoza no se negocia! Así corearon más de quince mil personas que partieron en varias caravanas hacia la capital provincial. En simultáneo, también hubo reclamos en la Ciudad de Buenos Aires frente a la Casa de la Provincia.

El objetivo, no alcanzado, fue frenar la Declaración de Impacto Ambiental que se debatía en el senado para aprobar la explotación del Proyecto San Jorge, minera ubicada en Uspallata, precordillera mendocina.

Hace más de 20 años que diferentes capitales extranjeros ejercen un tremendo lobby empresarial para llevar adelante este proyecto. En el año 2012, la empresa Coro Mining, informó que la suma de las reservas probadas y las probables asciende a unas 295.000 toneladas de cobre.

Los responsables del proyecto, en acuerdo con el gobierno provincial y el nacional, intentan persuadir a la población mendocina insistiendo en los beneficios que la mega minera representará para la provincia. Entre ellos, el de la oferta laboral para unas cinco mil personas. Lo cierto, es que los estudios del impacto ambiental hablan de unos mil doscientos puestos para el período de construcción y no más de quinientos para su funcionamiento ordinario.

De todos modos, tanto la Universidad Nacional de Cuyo como diferentes asociaciones ambientalistas, sostienen que en el proceso minero se utilizarán productos altamente tóxicos que quedarían liberados a la atmósfera por el viento o por el agua. Afirman que se trata de un supuesto progreso económico que va a envenenar a los ríos y a las personas.

La escasez hídrica es una característica de la provincia de Mendoza. El cambio climático, por su parte, que provoca una gran disminución de nevadas en la cordillera, contribuye con esa escasez. Sin embargo, el proyecto minero San Jorge utilizará, aproximadamente, 141 litros de agua por segundo, lo que equivale a unos 12 millones de litros diarios captados del Arroyo El Tigre.

Según informan desde la “tierra del sol y del buen vino”, la aprobación del proyecto por parte del senado, contradice la opinión mayoritaria del pueblo mendocino. Pero además, se opone abiertamente a la ley provincial 7722, ley aprobada en 2007 tras una fuerte movilización popular, que prohíbe específicamente el uso de sustancias químicas contaminantes para la extracción minera, así como la protección de las cuencas hídricas.

“Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas”, señaló Daniel Funes, uno de los referentes provinciales por la defensa del agua. Es que resulta altamente llamativo que mientras la mayoría de la población se manifiesta en contra de la mega minería metalífera, que ya tuvo experiencias negativas en Mendoza, el senado la apruebe con 29 votos a favor (18 de Cambia Mendoza, 5 de La Unión Mendocina, uno del Partido Demócrata y 5 del Peronismo), una abstención y sólo seis en contra (4 del Peronismo, uno de La Unión Mendocina y uno del Partido Verde). Y como si esto fuese poco, el gobernador Alfredo Cornejo, aliado del ejecutivo nacional, reiteró que se hace necesario revisar la Ley de Glaciares para que las provincias tengan mayor autonomía sobre los recursos naturales.

Redacción Línea Oeste