A través de sus redes sociales la Red Educativa de la Comuna 9 adhirió al pedido de juicio político,  Proyecto de Ley Expediente: 1120 D 2021 para el tribunal que rechazó el fallo que pretendía que se otorgue una vacante a un niño en una sala maternal.

"Solicitamos que se activen los mecanismos que ayudarán a dilucidar el correcto proceder de los jueces que fundamentaron el desentendimiento del Gobierno de la Ciudad del deber de garantizar un derecho fundamental, como es el derecho a la educación" señala el pedido que fue llevado adelante entre los y las legisladores del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y organizaciones comunitarias y familias.

Cabe destacar que la implementación de la inscripción electrónica puso en evidencia la cantidad de chicos y chicas que todos los años son inscriptos y no consiguen su vacante, aproximadamente 17.000 niños.

La educación es un derecho constitucional y social, y como tal el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  debe asegurarla a través de políticas públicas y educativas de calidad.

El pedido de juicio político fue presentado el 28 de diciembre pasado contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano por haber  incurrido en alguna de las causales previstas" en la Carta Magna porteña, como mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones, el expediente presentado en la Legislatura, fue debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña que  archivó, el 7 de junio pasado,  el  pedido de juicio político.

"Estamos presenciando un intento de apelación velado. El contenido de una sentencia no constituye una causal de mal desempeño, en todo caso, es materia de apelación si hubiera una instancia superior", dijo el diputado Gastón Blanchetiere, del bloque oficialista Vamos Juntos.

Agregó "es la conducta de los jueces" lo que puede motivar su destitución”, y expresó que el fundamento del pedido de juicio político  alude a "cuestiones generales de política educativa que corresponden al Poder Ejecutivo".

Redacción Línea Oeste