El  8 de enero se realizó la Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas ( ENARGAS) para establecer los nuevos precios en la tarifa de gas. A partir de la misma, se implementará un esquema de actualización mensual.

El evento se realizó de manera virtual mediante una plataforma digital de videoconferencias y se transmitió  en vivo por el canal de youtube y la página web del ENARGAS. Durante el encuentro se expusieron  las propuestas en la actualización de las tarifas de las distribuidoras de gas por redes y las transportadoras de gas natural.

Según informó la  Secretaría de Energía  tal como lo había anunciado el presidente ultraliberal Javier Milei se quitaran los subsidios y  las empresas hicieron un pedido de recomposición tarifaria  que  implicaría aumentos en torno al 700% en las facturas  que pagan los usuarios residenciales. Los sectores de menores ingresos sufrirán las subas de mayor magnitud, al respecto   Diego Mielnicki, titular del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso en la misma y expresó conceptos que tienen que ver con la falta de proporcionalidad, inconstitucionalidad y  el sentido confiscatorio de las medida, al respecto dijo : 

“ El acceso a las fuentes de energía, agua potable y cloacas hacen al ejercicio de los derechos humanos, son servicios públicos esenciales y el acceso en condiciones adecuadas y suficientes resultan imprescindibles para el desarrollo de la vida.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya señaló en el fallo CEPIS -cuando anuló, en 2016, el aumento que se había establecido en el servicio del gas para usuarios residenciales- que cualquier incremento debe hacerse en condiciones de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad, previsibilidad y no confiscatoriedad.

El Estado debe evitar el perjuicio social provocado por la exclusión de usuarios de los servicios públicos como consecuencia de una tarifa que pudiera ser inaccesible.

Los incrementos en la tarifa de gas que sufrieron los usuarios del AMBA en los últimos 8 años fue del 32.805% en el nivel 1, del 14.507 % en el nivel 2 y del 16.752% en el nivel 3, mientras que el salario mínimo aumentó, en el mismo período, un 2.691%.

Nos enfrentamos a una situación alarmante de endeudamiento de las familias solo para el pago de servicios esenciales; gente que sale de la red de gas natural por falta de capacidad de pago o por la incapacidad de afrontar el gasto de las condiciones necesarias para la reconexión del servicio.

El incremento desproporcionado de los montos a pagar por este u otros servicios, va a expulsar del sistema a una mayor cantidad de hogares.

Es vital que se evalúen los procedimientos y las normativas orientadas a subsanar las deudas y a mitigar los daños que se están produciendo y proceder a la adopción de las tarifas conforme a lo que dice la Constitución Nacional, estipulando tarifas justas y razonables”. Entre las voces críticas el presidente ADDUC y director del Instituto Derecho Consumidores, Osvaldo Bassano, aseguró que la audiencia debe considerarse   "nula" porque se incumplieron ciertas reglas. "La audiencia es nula. El primer indicio lo dio el intendente de Esteban Echeverría que interpuso un amparo porque la audiencia debería haber sido mixta, virtual y presencial. Lo segundo es que no ha presentado los fundamentos de la audiencia" y agregó  "Si no tenemos precios del gas en boca de pozo, en las audiencias del 26 y del 29 puede pasar cualquier cosa, porque el precio también es el que define el 53% de la energía eléctrica", siguió. "Todo esto está mal explicado en el pedido de audiencia, y la hace factible del pedido de nulidad".

Redacción Línea Oeste