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El 15 de octubre comenzará la Audiencia Pública por el proyecto que busca construir un barrio privado en Costanera Sur

07/09/2021
El 15 de octubre comenzará la Audiencia Pública por el proyecto que busca construir un barrio privado en Costanera Sur

Desde el 15 de septiembre la ciudadanía podrá comenzar a inscribirse y se espera que sea de asistencia masiva, tal como ocurrió con el intento de privatizar Costa Salguero en Costanera Norte.

La  Audiencia Pública debió haberse realizado antes del tratamiento del proyecto en la legislatura, no se respetó el sistema de mayorías y construir en las zonas costeras es inconstitucional, por eso y por muchas otras irregularidades,   vecinos y 220 agrupaciones ambientalistas preocupados por las pésimas condiciones en  que vivimos los porteños por  la falta de espacios verdes,  situación que se manifiesta palmariamente en épocas de pandemia   vienen expresando con diferentes actividades   su rechazo tras la aprobación inicial dada el jueves 19 de agosto , en la Legislatura, al acuerdo urbanístico entre el gobierno porteño y la empresa de bienes raíces IRSA, que obtuvo 37 votos positivos de la bancada oficialista de Vamos Juntos; que reúne al PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública; acompañada por las fuerzas aliadas de UCR-Evolución y el Partido Socialista.

 

Por ello se manifestaron en una bicicleteada y abrazo a la Reserva Ecolígica de Costanera Sur, el 22 de agosto.  

El Grupo IRSA y el GCBA quieren destruir un humedal para construir un mega emprendimiento inmobiliario, en dirección contraria al mandato constitucional  que dice que se debe  recuperar la costanera para el uso común de la ciudadanía porteña.

Los hechos históricos sobre cómo se llegó a esta situación  son explicados  en el documento emitido por el Observatorio del Derecho a la Ciudad: “El Grupo IRSA compró en 1997 un predio de 71,61 hectáreas (que se encuentra frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica Costanera Sur y al lado del Barrio Popular Rodrigo Bueno. Durante más de 20 años, el predio estuvo en desuso porque allí no se podían  construir emprendimientos inmobiliarios ya que, de acuerdo con la planificación de la ciudad, está destinado a una Ciudad Deportiva”.

El 29 de octubre de 1964, el Congreso sancionó la Ley 16.575 que autorizó la donación con cargo al Club Atlético Boca Juniors de 40 hectáreas de terreno a rellenar en el Río de La Plata. El cargo consistía en la construcción de una “ciudad deportiva”. Y se prohibió la venta del inmueble a terceros.

Como el club había rellenado una mayor cantidad de hectáreas del río que la permitida, la Ley 23.738, votada en el gobierno de Menen, aumentó en el año 1989 la cantidad de hectáreas de la donación (de 40 a 71 hectáreas), hasta alcanzar la superficie que había sido efectivamente rellenada, ampliándola además a los canales adyacentes. Declaró cumplido el cargo, aunque la obra nunca fue ejecutada. Por último, autorizó al club a vender el predio a terceros “que cumplan con los objetivos” de la ley (ejecución de obras y desarrollo de actividades propias de un complejo balneario, náutico, turístico, hotelero y/o comercial, con disposición para centro de convenciones, ferias y/o centro habitacional).

En el año 1993, Boca Juniors vendió el predio a la sociedad Santa María del Plata, empresa conformada por Terry Moché (Frigorífico CEPA y complejo de esquí Las Leñas) y la constructora Gerlach Campbell, por la suma de 22 millones de dólares. En junio de 1997, la empresa IRSA (Inversiones y Representaciones SA), cuyos principales accionistas eran el magnate estadounidense George Soros y el argentino Eduardo Elsztain, adquirió el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors por la suma de 50 millones de dólares. En este proceso histórico, el Estado perdió 71 hectáreas a cambio de nada y ni siquiera se respetará el destino por el cual cedió estas tierras estratégicas”

En un tratamiento VIP y exprés, la legislatura porteña consiguió todos los dictámenes del ejecutivo, firmar el convenio y votar el proyecto de ley, el  emprendimiento inmobiliario llamado “Costa Urbana” que implicará la construcción de decenas de torres de 145 metros de altura. La superficie total construida alcanzará los 900 mil m2, destruyendo el actual humedal costero y al lado de uno de los humedales con mayor proyección mundial por ser sitio Ramsar, la Reserva Ecológica Costanera Sur. La densidad constructiva superará a la que actualmente tiene Puerto Madero.

 

Los legisladores porteños que han aprobado esto lo han hecho en contraposición a todo el ordenamiento jurídico. “El artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que: “Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad de Buenos Aires son públicos y de libre acceso y circulación”. Por ello, toda norma, contrato o acto contrario a ella, deviene inconstitucional.

El art. 27 de la Constitución de la Ciudad dice lo mismo: “La ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve… 3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común. 4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica…”.

El predio forma parte del contorno ribereño, por lo tanto, debería ser público y de libre acceso y circulación. La Constitución de la Ciudad fue aprobada en el año 1996, con posterioridad a las leyes que autorizaron el traspaso de estas tierras públicas a manos privadas y la venta a terceros. Por este motivo, el Consejo de Planeamiento Estratégico en sus aportes para el Plan de Sector de la Ribera del Río de la Plata propuso la expropiación de las tierras de la ex Ciudad Deportiva de la Boca para uso público y el rechazo al proyecto de Solares de Santa María.

Dice el documento del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “El proyecto es la síntesis de un absurdo ambiental y social. Los consensos globales, en el marco de la agenda climática, definen la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar el ascenso del nivel de las aguas, recuperar y preservar los humedales costeros y generar bio corredores que permitan el acceso de los vientos desde las costas para atenuar el efecto de isla de calor urbana. A contramano del mundo, la propuesta del GCBA de ocupación del borde costero, no sólo va a destruir el humedal costanero, sino que va a generar un conjunto de impactos negativos en relación a los vientos y al escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas”.

Previo a todo se debería haber convocado a audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativo de este proyecto de ley por modificar sustancialmente la planificación urbana y realizar la Evaluación de Impacto Ambiental previa a la firma del convenio urbanístico como exige el Plan Urbano Ambiental, el Acuerdo de Escazú y la Constitución de la Ciudad.

Por este motivo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (UBA), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital, acudieron  a la justicia con una acción de amparo colectivo en defensa de la democracia participativa y ambiental, pero en un primer momento el Juez Scheibler, ordenó suspender el trámite del Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 (Costa Urbana) hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la Ley N° 123 respecto del convenio urbanístico (Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria).

Luego se  recusó al siguiente juez de feria (Dr. Converset) por la muestra de una clara parcialidad en defensa del Gobierno porteño, la jueza López Vergara ordenó a la Legislatura que acredite el cumplimiento de la medida judicial, pero la Legislatura  continuó como si la causa judicial no existiera y en la última labor parlamentaria incorporó el proyecto de Costa Urbana en el temario para ser aprobado en la sesión legislativa.

Frente a este incumplimiento flagrante de la medida judicial, el juez natural de la causa (finalizada la feria judicial), Dr. Aurelio Ammirato, decidió notificar personalmente de la orden judicial al, por entonces, presidente de la Legislatura, Sr. Diego Santilli y al vicepresidente 1ro, Sr. Agustín Forchieri, en su calidad de máximas autoridades legislativas y responsables de que la medida judicial se respete. Ante la posible comisión del delito de violación de una sentencia judicial, decidieron reservar el proyecto de ley en secretaría hasta que se “resuelva” la cuestión judicial.

Durante la sesión, el bloque oficialista   planteó que las  cuestiones de privilegio sostienen que el Poder Judicial no debe interferir en el debate parlamentario y que la Legislatura no tiene ninguna limitación.

En el tratamiento de este convenio urbanístico no sólo no se está respetando la democracia participativa ambiental, sino que, además, se pretende votarlo con una mayoría inferior a lo que establece la Constitución. Se pretende hacer pasar el proyecto de ley como de mayoría absoluta (31 votos) cuando le correspondería una mayoría agravada de dos tercios (cuarenta votos).

Se amenazó al juez Guillermo Scheiber con un  jury de enjuiciamiento  tan solo por pedir que acrediten si cumplieron las instancias que exige la democracia ambiental y el procedimiento de sanción de leyes. Estas presiones a los integrantes del poder judicial tuvieron efecto y el actual juez de la causa decidió levantar la medida judicial que había suspendido el trámite parlamentario.

Más de 220 espacios colectivos con más de dos mil firmas presentaron el Proyecto de Ley N° 1973-P-2020 para expropiar este predio y destinarlo a la creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II – Nuestro Río y realizaron una bicleteada el 22 de agosto para defender la costanera Sur y los humedales.

 Ing. María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA dijo: “Este proyecto tiene que ver con una concepción privatista de la ciudad, heredada de la década del 90 y profundizada durante la gestión del PRO, que antagoniza con los modelos urbanos más actuales basados en la democracia ambiental. Insistir con consolidar la privatización del borde costero es un absoluto contrasentido social, urbano y ambiental. Necesitamos recuperar este predio para preservar el humedal, generar un nuevo pulmón verde que permita el ingreso de los vientos y las brisas desde el rio para mitigar el efecto de isla de calor urbana y afrontar en el marco de crisis climática las dos amenazas de origen natural que la ciudad enfrenta que son las inundaciones y las olas de calor.”

Alejo Caivano, abogado y fundador de La Defensoría de Laburantes: "Hoy fue el primer paso de la campaña costanera verde publica para visibilizar la falta de acceso de vecines de la ciudad y del AMBA a la costa porteña. Este Humedal, uno de los pocos que quedan, lo defenderemos con todas nuestras energías. No queremos especulación inmobiliaria sino una nueva reserva ecológica pública".

Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa que frenó la venta de Costa Salguero y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad expresó: “La Legislatura nuevamente ha decidido violar la Constitución de la Ciudad al no respetar el mandato constitucional de recuperar la Costanera para el uso común. La democracia participativa y ambiental ha quedado nuevamente supeditada al negocio de una empresa, en este caso, IRSA. La Costanera debe ser verde y pública. La corporación inmobiliaria a capturado la democracia representativa, por eso instamos a la ciudadanía a organizarse comunitariamente en defensa de la ciudad, de lo público y del ambiente urbano. Estamos viviendo un saqueo inédito. No podemos esperar más."

Claudio Lozano, economista, presidente de Unidad Popular, manifestó: “Nuevamente la ciudadanía porteña manifestó a la clase política que queremos una Costanera Verde y Pública. No queremos más torres en la Costanera. Queremos más Reserva Ecológica. Queremos más democracia ambiental y no una democracia capturada por el poder inmobiliario”.

Los legisladores porteños del Frente de Todos (FDT) también criticaron el convenio firmado por el Gobierno porteño con la empresa IRSA para levantar torres en la Costanera Sur al calificar al emprendimiento como "un meganegocio inmobiliario" que no resuelve el problema habitacional de la Ciudad y que ocasionará "la pérdida del acceso al Río de la Plata".

Javier Andrade, vicepresidente de la bancada del FDT, "ayer se aprobó un meganegocio inmobiliario para el grupo IRSA en una votación que, esta vez, consolidó la alianza electoral que construyeron desde Juntos por el Cambio con el bloque de Martín Lousteau y el Socialismo de Roy Cortina".

"Nos preocupa mucho este tipo de emprendimientos, porque va a ser un barrio cerrado y náutico, que va a encarecer el suelo de la Ciudad y hacer aun más difícil la compra de viviendas".

El diputado Matías Barroetaveña del Frente de Todos  dijo:   "los precandidatos del jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) hablarían de este tema en campaña si creyeran que esto es bueno. Pero los únicos que estamos hablando somos nosotros porque estamos convencidos que es algo negativo que va a ocasionar la pérdida del acceso al río para todos".

"Necesitamos de la Costanera porque los espacios públicos en la Ciudad son de 4 metros cuadrados por habitante cuando en otras ciudades de Latinoamérica son el doble o el triple. Hay que terminar con la idea que Buenos Aires es una ciudad verde porque ponen contenedores y empezar a  discutir lo que necesitamos para mejorar la calidad de vida de los porteños y las porteñas".
Ahora en los próximos días se anunciara la fecha de Audiencia Pública ( que debió realizarse antes como se explica más arriba ) y a la que se pronostica que se  anotaran miles de ciudadanos para oponerse y  una segunda instancia legislativa.

 Para apoyar y sumar adhesiones al Proyecto de Ley para que la costanera sea pública deben escribir a   https://forms.gle/rHBLqLRR5hoZdnuC7

Inscripción de Participantes de la Audiencia Pública: se realizará mediante la plataforma digital de videoconferencias “Zoom” a la cual accederán las personas que se inscriban previamente en el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica mediante el mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18.

Aquellos Ciudadanos que no cuenten con acceso a medios virtuales para intervenir de dicho modo, deberán comunicarse con la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 o vía correo electrónico a dg.gypciudadana@hotmail.com y a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar a los efectos de facilitar su participación mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú Nº 160, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.

 

Redacción Línea Oeste



 
 

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