Días pasados publicamos una nota en nuestro medio en la que informábamos la dramática situación que viven quienes habitan en las Villas de la CABA, un problemade tal magnitud dada la pandemia, que obligó a diferentes organizaciones a presentar un Amparo Judicial para que frente al coronavirus  el Gobierno porteño solucione el tema del agua potable en los Barrios Populares,como también se denomina a estos asentamientos a partir de la Ley Nacional N° 27.453.  En respuesta a esa acción judicial el magistrado resolvió que en el plazo de cinco días el Gobierno porteño debía proveer de agua potable a los 400.000 habitantes que viven allí, sin embargo al día de la fecha los mismos actores que firmaron el Amparo denuncian que la orden judicial no se ha cumplido. 
En este sentido la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, encabezada por la Ing. María Eva Koutsovitis, el Observatorio del Derecho a la Ciudad,cuyo referente principal es el abogado Jonatan Baldiviezo, la  CTAA – Capital, representada por Pablo Spataro, el  Frente Territorial Salvador Herrera, liderado por Franco Armando y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas  que dirige Claudio Lozano, actual director de Banco de la Nación Argentina, son las agrupaciones que reclamaron ante la justicia y que siguen monitoreando la situación y han publicado  un informe que describe  la cruda realidad que vivimos los porteños al ver como la curva de contagios se aplana a nivel nacional pero no sucede lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires,  a  la vez  que se observa que los contagios se incrementan exponencialmente en los barrios pobres que son los que más sufren la desigualdad urbana y la falta de acceso a los servicios públicos. 
El informe analiza por qué  el 60% de los casos confirmados de Covid-19 corresponde a habitantes de los Barrios Populares, ya que  1 de cada 2 porteños contagiados vive en las villas. “El 34% de los casos de toda la ciudad se concentra en el Barrio de Retiro. En este barrio, en las dos últimas semanas los contagios se incrementaron en un 377% mientras que en la ciudad sólo un 165%” y manifiestan que ello se debe a que el Gobierno porteño no previno la situación cuando debió hacerlo o sea  mientras la población se encontraba en cuarentena , recordemos que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como  pandemia,el Gobierno Nacional estableció duras  restricciones,el 12 de marzo  dispuso la Emergencia Sanitaria, suspendió los vuelos provenientes de las zonas afectadas por el virus y dispuso la obligatoriedad del aislamiento en los casos de personas que habían llegado del exterior y luego ya el 20 de marzo dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que sigue rigiendo hasta el día de hoy, al respecto dice el informe:-“pensábamos que el GCBA, mientras apostaba al aislamiento comunitario, preparaba los protocolos y las políticas para enfrentar la situación que generaría el ingreso del coronavirus en los Barrios Populares. El aislamiento social obligatorio justamente tenía como objetivo dar tiempo al estado no sólo para preparar el sistema sanitario hospitalario sino también, medidas de mitigación y de atención de la calidad de vida de las familias de los sectores más vulnerados en caso de contagios. 
Lamentablemente, el desinterés, la improvisación o los deseos inmobiliarios sobre las tierras de los barrios populares hicieron que nada de esto ocurriera. Hemos sido testigos de que el GCBA no previó con seriedad los problemas que emergerían de la conjunción de la precariedad económica y la infraestructura sanitaria que sufren las familias en estos barrios, y de la pandemia del coronavirus. Pero, estamos más azorados frente a la falta de respuestas una vez que los problemas se magnificaron. 
La mirada integral y específica está ausente. Por esto, el 21 de mayo la Justicia le dio un plazo de 5 días para elaborarlo. La falta de tal protocolo y de ámbitos para su discusión, evaluación y actualización, ha generado decisiones erráticas, parciales y hasta desconocidas no sólo por la ciudadanía sino también por los propios actores del sistema de salud”. 
El informe señala que el Plan de Contingencia para garantizar el agua potable, no existe, así como tampoco un plan con relación a la prestación del servicio de alimentación, la tarea es realizada por quienes llevan  adelante los comedores y merenderos, pero quienes los manejan no cuentan con elementos para protegerse , se contagian y los comedores deben cerrar a lo que el Gobierno porteño no da respuestas o toma decisiones desacertadas como cuando deciden que “las familias de un comedor sean  atendidas por otro comedor aumentando la circulación de personas, trasladando el coronavirus a otros sectores del barrio, sobrecargando de tareas a las mujeres de las organizaciones, principales actoras del cuidado de la alimentación”. 
Lo que se observa dice el informe es el desconocimiento de la problemática de los pobres y se proponen cosas que son muy ridículas como implementar “billeteras virtuales” o desconocer que miles de chicos no pueden tener clases, ni contacto con sus maestros  por falta de computadoras y de internet.
El informe da cuenta de la desorganización estructural en la administración pública del gobierno porteño  para superar la crisis pandémica.Especifica que cada ministerio trabaja por su cuenta, no consulta a los otros, al respecto dice “esto no sólo sucede a nivel horizontal entre los Ministerios sino también a nivel vertical entre dependencias u organismos de un mismo Ministerio. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: la Secretaría de Integración Social y Urbana (encargada del Barrio Carlos Mugica), la Ugis (encargada de la emergencia de la totalidad de los Barrios Populares) y el Instituto de Vivienda – IVC (Principal responsable de la política de reurbanización de villas en la ciudad), actúan bajo directrices políticas distintas”. 
Agregan que la falta de importancia que se le da a los problemas se refleja en el hecho de que son derivados a los escalafones más bajos de la burocracia estatal “por ejemplo, la grave crisis del acceso al agua potable está casi en su totalidad encomendada a los técnicos de un organismo de emergencia como es la UGIS. Funcionarios que no cuentan con poder de decisión porque no cuentan con facultades para destinar más presupuesto a resolver este problema”. 
Tal como dijimos anteriormente la Justicia ordenó garantizar agua potable y elaborar con la comunidad un Plan de Contingencia y un Plan de Actuación, el GCBA apeló la decisión judicial pero la orden estásigue vigente y no ha cumplido, por ellos el problema de los contagios se agrava cada día. 

Tal como puede verse en algunos programas de televisión  los barrios populares tienen problemas de falta presión, mala calidad del agua o directamente falta de suministro como ocurrió en la Villa 31 doce días sin agua y provoco el contagio de cientos de personas.
El Gobierno porteño ha recibido préstamos internacionales para urbanizar ese barrio y proveerlo de agua potable, tal como lo dijo el dirigente Nacho Levy de la organización la Garganta Poderosa e  informó el portal de noticias El Grito del Sur,  560 millones de pesos invirtió la Ciudad, que provinieron de préstamos del Banco Mundial y el BID, y que hoy forman parte de la enorme  deuda externa de la Ciudad de Buenos Aires, las  principales empresas adjudicatarias fueron: C&E Construcciones, Pose S.A., CIS (Construcciones, Infraestructura y Servicios) S.A., Tecma S.A. e HYTSA S.A.
Otro problema es que ante la falta de suministro el GCBA ofrece un número telefónico, pero no está disponible las 24 hs. de los 7 días de la semana, el teléfono es el  2000-8200, y el mecanismo no tiene control gubernamental ya que el gobierno pasa el reclamo a las distintas empresas que tienen a su cargo la concesión del servicio de suministro de agua en camiones cisternas  sin realizar ningún tipo de seguimiento. Denuncia el informe que no se controlan a las concesionarias en los plazos,  cantidades y calidad del agua que entregan, “la demora en la asistencia de agua potable puede llegar a superar las 96 horas y como no existe ningún protocolo público las familias desconocen el día, horario y lugar del camión cisterna. Por eso, es usual que los camiones cisterna lleguen a un barrio y se retiren sin haber abastecido a los hogares. También es oportuno mencionar, que la entrega de agua a granel es eficiente sólo si los hogares cuentan con sistemas seguros donde almacenar el agua que se entrega. El almacenamiento inadecuado pone en riesgo la calidad del agua, no permite almacenar el volumen diario de agua necesaria para garantizar todos los usos y contribuye a la expansión del dengue. Por tal motivo venimos solicitando al gobierno porteño que garantice un tanque en cada hogar”. 
 
Por todo esto las organizaciones mencionadas piden que se   conforme un Comité de Crisis al más alto nivel jerárquico, donde todos los ministerios involucrados articulen transversalmente, garantizando el ejercicio de la Democracia Participativa convocando a los representantes de la comunidad: organizaciones sociales, barriales y comunitarias, asambleas, colectivos ciudadanos, partidos políticos, sindicatos, para poder efectivamente mitigar los contagios por coronavirus que hoy ponen a la ciudad de Buenos Aires en jaque ante esta terrible enfermedad.

Redacción Línea Oeste