El pasado miércoles 10 de julio, Inquilinos Agrupados, conjuntamente con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentaron un conjunto de proyectos de ley en la Legislatura porteña, con la finalidad de aportar posibles soluciones a la grave situación de emergencia habitacional que vive la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que sepuso de manifiesto durante las últimas semanas a través de las muertes causadas por el frío de personas que se encontraban en situación de calle.

Los proyectos de ley son tres, según se detalla a continuación:

1) El primero de los proyectos tiene como objeto que sea declarado el Estado de Emergencia Habitacional de la Ciudad. Para ello se propone: la creación de un Fondo para la Emergencia Habitacional; la suspensión por tiempo indefinido de los desalojos forzosos de inmuebles del Gobierno de la Ciudad o que se encuentren en causas judiciales que tramiten en fueros pertenecientes a la Ciudad; que sean declarados de utilidad pública y uso temporal los inmuebles privados en procesos judiciales de desalojo en favor de las familias que los habitan; y la creación de un Programa de Vivienda Social para alquileresy comodatos sociales.

2) El segundo proyecto tiene como finalidadla creaciónde una política de incorporación de inmuebles del Gobierno de la Ciudad que se encuentran desocupadosparasu uso efectivo. Así, a través de este Proyecto de Ley se propone la creación de: la Oficina de Bienes Inmuebles y el Registro Público de Titulares y Usos de los Bienes Inmuebles, del Impuesto al Inmueble Ocioso,así como del Fondo para Políticas de Vivienda. Asimismo, se proponeque sean declarados de utilidad pública y uso temporalaquellos inmuebles declarados ociosos, y el otorgamiento de créditos destinados a la rehabilitación y/o refacción de inmuebles.

3) El tercero de los proyectos de ley tiene como objetivo proponer la creación del Programa de Subsidios Habitacionales para Personas en Situación de Calle o en Riesgo de Situación de Calle, el que reemplazaría al Decreto N° 690/06, eliminando así sus restricciones,las que obligaron a más de cinco mil familias a iniciar acciones legales contra el Gobierno de la Ciudad.

Redacción Línea Oeste