Se sancionó la ley que crea un cuerpo de abogados gratuito para las víctimas de violencia machista. La iniciativa fue presentada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, quien expresa:- “Estamos muy contentos. Es un proyecto colectivo que surge después de la marcha Ni Una Menos. Me saqué la foto con el cartel, estuve como tantos ciudadanos en la plaza el 3 de junio pasado pero también pensé qué se podía hacer para colaborar con la temática y ahí surgió este proyecto, según los estudios de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, de cada 100 denuncias de violencia de género  que  se  presentan,  sólo  5 llegan a juicio, y esta desproporción está relacionada con la falta de abogados que respondan de manera gratuita y efectiva para llevar adelante los casos. No nos podemos olvidar que la violencia de género tiene la particularidad única de que el victimario convive con la víctima.

Si se acciona rápido, se pueden salvar vidas”. Una de las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia machista es conseguir y poder pagar un buen abogado penalista y especializado  en  la materia que las patrocine , es poreso que esta iniciativa viene a dar un gran aporte al respecto.

Con esta ley se crea un cuerpo de abogados que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y garantizará el acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva. El cuerpo tendrá representantes en todo el país, que ingresaran mediante concurso público de oposición y antecedentes y tendrán una instancia obligatoria de formación especializada en la temática y además de brindar asistencia a las víctimas, buscará desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

El patrocinio jurídico gratuito para las víctimas fue una de las demandas que se expresaron en la multitudinaria movilización del 3 de junio en el Congreso denominada “Ni una menos”.

Previamente a la existencia de esta norma la posibilidad de una representación judicial para las mujeres dependía de la jurisdicción donde se desarrollaba cada caso.

Según el informe presentado en 2015 por la Argentina, ante la Comisión que monitorea los avances sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas, hay en la actualidad insuficiencia de recursos de patrocinio jurídico especializado y gratuito. Allí se detalla que la provincia de Buenos Aires cuenta con siete organizaciones no gubernamentales (ONG) y una dependencia gubernamental que brindan este servicio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también son siete las ONG y hay once dependencias gubernamentales que ofrecen patrocinio jurídico gratuito. Chaco, Córdoba, Formosa y Mendoza cuentan cada una con una ONG para brindar patrocinio. Para el resto de las provincias, no se posee información sobre servicios de esta índole”.

De esta manera también se da respuesta a una asignatura pendiente ya que la Ley N° 26.485 sancionada en el año 2009, de Protección integral de las mujeres ordena garantizar el acceso a la justicia de las mismas.

El organismo estará a cargo de un director ejecutivo, quien tendrá rango y jerarquía de subsecretario de la Nación y contará con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado. El director, deberá contar con cinco años de matriculación y experiencia en el tema, y será designado por el Poder Ejecutivo. El proyecto contempla que el organismo cuente con una Comisión Interdisciplinaria para el abordaje integral de la violencia de género. Esta comisión estará integrada por profesionales del derecho, las ciencias sociales y la salud que deberan acreditar conocimientos especializados en la problemática de género así como experiencia laboral en el tema.

Claudia Perugino del Registro de Femicidios en la Secretaría de Derechos Humanos destacó la importancia de esta ley:- “Esta ley apunta a dar respuesta a un problema que tenemos, aun en los casos de femicidios, son muchas las familias que no pueden impulsar las causas porque no tienen recursos económicos o simbólicos para dar la pelea judicial”.