Finalmente  y  a  pesar  de  la resistencia   de   muchas agrupaciones   vecinales   y ambientalistas sancionaron en la Legislatura porteña la polémica ley que autoriza a instalar bares en los parques de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa legislativa , de autoría del legislador José Luis Acevedo del PRO fue aprobada con 36 votos positivos aportados por el PRO y UNEN (el frente conformado por Confianza Pública, Suma + y Coalición Cívica) y 19 negativos del Frente para la Victoria, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Partido Socialista Auténtico y FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).

La ley permitirá construir en los parques  y  plazas  porteñas  que  tengan más de 50.000 metros cuadrados, ellos serían el Parque, Saavedra, Centenario, Avellaneda, Chacabuco, Sarmiento, Lezama, Tres de Febrero.

La medida se instrumentaría mediante el otorgamiento por parte del Poder Ejecutivo de permisos de uso precario y la habilitación de los locales, estará supeditada a la construcción de los siguientes servicios: sanitarios accesibles de uso público y gratuito; estación de vida saludable, zona de descanso e hidratación gratuita a los que realicen ejercitación física; estacionamiento y alquiler de bicicletas ofrecido por el GCBA; conexión a internet gratuita y biblioteca. Dichos servicios no podrán interferir con el normal desarrollo de otras actividades existentes, ni restringir al público el normal uso del parque y de sus instalaciones.

La  totalidad  de  las  prestaciones  deberán estar integrados en un solo núcleo y deberán encontrarse alejados de monumentos, estatuas y esculturas.

Asimismo los locales deberán respetar tipos de arquitectura sustentable y tipologías que se complementen con el espacio periférico; equipamiento que asegure la separación de residuos en origen y su reciclado; conservación de las especies arbóreas, mantenimiento del área y habrá topes en las superficies de cada local.

La iniciativa había sido aprobada en el 2013 en forma inicial y fue tratada en la correspondiente Audiencia Pública el pasado 19 de marzo con la presentación de 93 participantes y fue despachada en las comisiones de Protección y Uso del Espacio Público, Presupuesto y Desarrollo Económico.

proponiendo   el   archivo   del expediente había sido firmado por los diputados Paula Penacca, María Rachid ambas del FpV, y el diputado Pablo Bergel (Verde Alameda) quienes consideraron “que el espacio público debe ser definido de manera democrática y participativa, teniendo a las Comunas como centro de decisión; previendo diseños participativos y además, las construcciones que prevé este proyecto suponen una reducción de espacios verdes disponibles, lo cual resulta ciertamente gravoso, en atención de que la relación, área verde/habitante en la ciudad”.

Desde el Frente para la Victoria, la diputada Claudia Neira, voto en contra y destacó que “para la ley los bares ofrecidos por privados son la parte principal y que estos deberán accesoriamente brindar ciertos servicios como baños, estacionamiento de bicicletas y hasta tendrán derecho de disponer qué   músicos   podrán   realizar presentaciones en estos parques”.

Al respecto el legislador Alejandro Bodart del MST dijo a los medios :“UNEN le dio hoy a Mauricio Macri una prueba de amor, con sus votos a favor de esta privatización. En una ciudad donde se entregan las tierras públicas al negocio inmobiliario, se avanza con más cementación y encima sobre espacios verdes. La excusa no pueden ser los baños públicos, que debe instalarlos el Estado sin necesidad de ninguna concesión privada.”

Vecinos   nucleados   en   la   Red Interparques y Plazas integrada por las   asambleas   de   los   parques Lezama, Centenario, Chacabuco y Ameghino,  junto  a  “Propuestas para  el  Área  Metropolitana  de Buenos  Aires”   (PropAMBA), estuvieron realizando campañas de concientización para  visibilizar y resolver los numerosos problemas que acarrea la privatización del espacio público y el avance de "la mercantilización   de   la   vida", sostienen que la norma sancionada viola la Constitución porteña que en el  artículo 27  especifica que el Gobierno de la Ciudad  de Buenos Aires debe instrumentar  “un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo  y  permanente  que promueva   la   protección   e incremento   de   los   espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras y   garantizar su uso común”.

El adjudicatario privado a cargo de estos locales, que pueden llegar a medir 275 m2 y que en algunos parques de acuerdo a su extensión pueden llegar a ser cinco en total, deberá hacerse cargo de administrar, cuidar y limpiar los baños, bebederos y puestos de bicicletas, tareas que corresponden al Estado ya que la instalación y mantenimiento de sanitarios y bebederos está contemplada en el presupuesto anual para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, para lo cual destina $ 7867 millones.

Además  se  viola  la Ordenanza 46.229 de Protección de los Espacios Verdes, que prohíbe “otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso y cambio de destino de todo espacio destinado a parques, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no” y viola la la Ley N°1777 de Comunas; que dice que ellas deben participar en lo relacionado a los espacios verdes de su territorio y ningún Consejo Consultivo ni Junta Comunal trató el tema, y no hubo consulta a los vecinos, tampoco se consultó a la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda que cuenta con la Ley 1153 de gestión asociada, la cual crea un directorio entre el Ejecutivo porteño y los vecinos para la toma de decisiones y aunque el artículo Art. 18. de la nueva ley 1153 dice:- “En los espacios públicos regidos por regímenes particulares la Autoridad de Aplicación asegurará el mantenimiento de los criterios establecidos en las normativas respectivas”, falta ver que sucede al momento de reaglamentarse.

Con respecto a quienes serán los beneficiarios de esta norma expresan los miembros de la Red:- “Las grandes cadenas cafeteras y de comidas rápidas serán las principales beneficiadas y las que podrán costear los pliegos”.

Otro de los argumentos esgrimidos es que habrá menos espacio verde sobre este tema dicen: -“Además de la mercantilización del espacio público, hay pérdida de espacio verde. Según la OMS, debe haber al menos 10 m2 por habitante. Sin embargo, la Ciudad llega a apenas 1,8 m2, sin contar a la Reserva Ecológica, con esta ley se quita una superficie absorbente como el césped para reemplazarla por cemento. En una ciudad con graves problemas de inundaciones, entendemos que esta medida sólo agravará la situación".