Para lograr un efecto disuasivo y evitar que se siga produciendo el alto índice de violaciones a las medidas de clausuras que impone la autoridad competente, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que modifica el Código Contravencional, elevando el monto de la multa que hay que pagar a modo de sanción adecuándolo a la realidad económica .
Actualmente la sanción es de $ 600 a $ 6.000 pesos de multa o arresto de 3 a 10 días y parecería que frente al costo- beneficio, algunos comerciantes se inclinan por violar la clausura así lo expresaron los autores de esta iniciativa al decir:- “Este aumento procura disuadir la comisión de esta contravención, para evitar que algunos comerciantes, a partir del análisis costo – beneficio, sigan poniendo en peligro a la gente y para en caso de que ocurra, la pena sea acorde al riesgo que generan".
Frente a esta realidad se sustituyó el artículo 73 del Código Contravencional de la Ciudad por el siguiente texto: “Quien viole una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, o incumpla unasanción sustitutiva o accesoria impuesta por infracción al régimen de faltas por sentencia firme de autoridad judicial será sancionado con cinco mil a sesenta mil pesos de multa o arresto de cinco a veinte días”.
L a Comisión de Justicia fundamentó el dictamen favorable en que "la necesidad de modificar esta sanción se refleja en el alto nivel de incumplimiento a las medidas de clausura que se producen en nuestra Ciudad. Para ilustrar la situación, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno (AGC) de la Ciudad detectó que durante 2011 se registraron más de 915 violaciones de clausuras, sobre 3.240 fajas colocadas en locales comerciales. Es decir que en ese año, y con otra realidad económica, ya en el 30 % de los comercios clausurados se producía esta contravención. Cifra que encabezaban los bares nocturnos y pubs, seguidas por kioscos y maxikioscos, también en los boliches ocurre con mucha frecuencia”, al respecto se puso el ejemplo de un boliche del barrio de Palermo que sólo en 2013 ya contaba con 19 violaciones de clausura, continuaba en funcionamiento pese a estar clausurado por graves fallas de seguridad como cables expuestos y salidas de emergencia obstruidas. “Estos son algunos de los hechos que sirven para mostrar el problema que enfrentamos, pero cabe recordar que en todos los casos la clausura a los locales comerciales se produce como sanción frente a una situación que puede poner en riesgo en forma directa o indirecta a la población".
El expediente es de autoría de los diputados Francisco Quintana y Cristian Ritondo del PRO.
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